Detectan 10 fallas al sitio web de subastas del Poder Judicial

Detectan 10 fallas al sitio web de subastas del Poder Judicial

La ONG “Derecho entre Líneas” encontró problemas legales y técnicos de la página web de Subastas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Poder Judicial de Córdoba lanzó el lunes su propia página web para las subastas pero una organización halló fallas técnicas y legales que ponen en peligro la seguridad del sitio.

“Derecho entre líneas” es una organización de la sociedad civil integrado por “abogados, comunicadores, académicos, estudiantes, ingenieros, empresas y otras organizaciones con el objetivo de una Internet libre y con valores democráticos”.

Esta organización publicó en su blog (derechoentrelineas.wordpress.com) un listado con 10 fallas técnicas y legales encontradas en el funcionamiento del nuevo sitio web (subastas.justiciacordoba.gob.ar) del Poder Judicial.

A través del sitio web del Poder Judicial se podrá acceder a todos los decretos judiciales que ordenen una subasta de bienes muebles no registrables.

“En nuestro firme compromiso con los derechos de los usuarios de Internet, expresamos nuestra preocupación y pedimos que el sistema sea seguro, transparente y que haga un buen cuidado de los datos personales de los usuarios; así como los intereses del estado provincial”, señalan los expertos en el artículo titulado “Subastas judiciales electrónicas en Córdoba: problemas legales y técnicos”.

Las fallas del sitio

  1. El isologotipo de la Dirección Nacional de protección de datos personales no está en la página, por lo tanto se desconoce si la base de datos está registrada o no. El Poder Judicial de la provincia debería cumplir con la obligación de registro que surge de la ley 25.326 (art. 21).
  2. Se desconoce si el Poder Judicial tiene acceso al código fuente del software provisto por la contratista Argentina Vende. Debido a que hay un aviso de reserva de propiedad intelectual, los expertos estiman que el código fuente del programa está cerrado (es privativo). Esto hará que el servicio sea difícil de auditar por peritos oficiales o de partes, por lo que se desconoce qué hace el programa con los datos aportados por el Poder Judicial y los usuarios.
  3. No existe una dirección de contacto ni un responsable técnico, por cualquier inquietud o problema. La propia ley 25.326 estipula la obligación de registro por este mismo motivo y la ley de defensa del consumidor 24.240 y modificatorias, obliga a brindar información completa, veraz, adecuada y suficiente.
  4. Si alguien tiene dudas debe comunicarse por mensaje privado, la antítesis del acceso a la información (que debería ser pública ya que se trata de un servicio del estado) y la transparencia requeridas por la Constitución Nacional (arts. 1, 33, 41, 42) y pactos internacionales.
  5. Debido a la falta de una Política de Privacidad que explique el funcionamiento de la recolección y tratamiento de datos, se desconoce si la plataforma accede y toma (o envía) información de los usuarios a bases de datos públicas. Como el código está cerrado, tampoco sabemos si esta información es compartida con privados, como puede tratarse de la empresa contratista. Esta información, exigible legalmente mediante la ley 25.326, debería hacerse accesible lo antes posible, para el control de la ejecución de la función pública judicial.

Por último, la ONG encontró cinco fallas técnicas que no deberían ocurrir cuando la prestación del servicio está en manos del Estado.

Más información: Derecho Entre Líneas y La Voz.

Publicado por

Martín Aberastegue

Especialista en Marketing Digital, ex consultor en Seguridad Informática. Apasionado por la Tecnología.